POR TOMAS AQUINO MENDEZ.- Como ciudadano votante y seguidor de nuestros procesos electorales, he visto siempre que el Estado Dominicano sustenta económicamente a la Junta Central Electoral. Cada año, en el presupuesto de la nación se incluyen partidas para que este organismo lleve a cabo su labor. Esas partidas se aumentan considerablemente cada cuatro años cuando el país entra en sus procesos electorales.
Por eso los partidos políticos, todos, reciben una partida económica para realizar sus actividades y fortalecer la democracia. Claro, existen quejas por la alegada INEQUIDAD con que se distribuyen esos recursos, favoreciendo a los llamados partidos mayoritarios, pero, cada grupo se arropa, como dice el refrán “hasta donde la sabana le alcanza”. Lo que desean mis Expresiones es que las autoridades de la Junta Central Electoral aclaren en qué consiste ese “financiamiento político” discutido con la Organización de Estados Americanos –OEA- y su secretario general Luis Almagro.
En distintos momentos de nuestra vida republicana, la OEA ha jugado papeles nada agradables para este país. Sus intervenciones han sido nefastas y sus asesorías cuestionables. No tenemos predisposición, solo quisiéramos tener en qué términos y con qué CLARIDAD se esta sustentando ese anunciado “financiamiento político”, discutido entre ese organismo y las autoridades de nuestra junta central.
Si el gobierno dominicano desembolsa todos los meses recursos para la junta y su trabajo cotidiano, se debe hablar con diafanidad del porqué se debe recurrir a este organismo para que financie parte de sus actividades. Es bien conocido aquí el dicho de que “el que paga manda”. No quisiéramos que ese organismo interventor quiera mandar en el sistema electoral dominicano. Las manos de una entidad culpable de que el país fuese intervenido militarmente en l965 y que además ha lanzado campañas de descréditos injustas por alegada discriminación, deben estar lejos de nuestra nación. Que el Estado siga financiando nuestra democracia.
